Las grandes empresas y los grupos de sociedades equivalentes deberán someterse a una auditoría energética antes del 14 de noviembre según el Real Decreto 56/2016 de 12 de febrero.
El Parlamento Europeo primero y ahora el Gobierno de España han puesto nuevos deberes a las grandes empresas, que deberán someterse a una auditoría energética antes del 14 de noviembre para cumplir con el Real Decreto 56/2016 de 12 de febrero, que transpone parcialmente una directiva europea de 2012.
Las auditorías energéticas, que tendrán que repetirse cada cuatro años, deberán cubrir el 85% del consumo total de todas las grandes empresas o de aquellos grupos de sociedades que tengan esa consideración en el conjunto de las instalaciones que se encuentren en territorio español. Las compañías que no las lleven a cabo cometerán una infracción muy grave, que acarrea una multa de hasta 60.000 euros, según la Ley 18/2014.
Aunque el fin último de esta nueva normativa es permitir a las organizaciones conocer cómo usan la energía, Luis Pérez de Ayala, socio especialista en derecho administrativo y regulatorio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira no cree que el objetivo a corto plazo sea precisamente el ahorro, aunque no duda que será de gran ayuda para las grandes firmas. “En compañías que gastan tantísimo por su gran volumen, un recorte de tan sólo un 5% marca grandes diferencias”, comenta.
El socio de Cuatrecasas sí ve más positivo el mercado que se va a crear con la aparición de nuevas firmas de servicios energéticos, un sector aún muy incipiente, pero que será necesario para cumplir con la nueva normativa. “En Estados Unidos tienen una gran implantación y funcionan bajo diferentes fórmulas en las que de una manera u otra se consigue hacer un uso mucho más eficiente de la energía”, explica el abogado.
Estas empresas podrían ser además las encargadas de poner en marcha en las grandes firmas un sistema de gestión energética o ambiental. Esta medida eximiría a las compañías de tener que pasar auditorías específicas, ya que este plan las incluiría de manera automática si cumple con las directrices previstas en el Real Decreto, que entró en vigor el pasado mes de febrero.
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Fuente: Expansión
